Cerca de 700 personas fueron detenidas el sábado en Moscú durante una manifestación de la oposición, que denuncia desde hace semanas la exclusión de sus candidatos a las elecciones locales de septiembre y es blanco de la presión de las autoridades.
Según la oenegé OVD-Info, especializada en el seguimiento de las manifestaciones, y la policía, 685 personas fueron arrestadas en esta protesta no autorizada, que reclamaba que puedan participar más candidatos de la oposición en las elecciones locales del 8 de septiembre en Moscú.
Los arrestos siguen a otra manifestación del fin de semana pasado, también reprimida, que culminó con cerca de 1.400 detenidos, algo que no ocurría desde el regreso del presidente Vladimir Putin al Kremlin en 2012.
La policía afirmó que en la concentración participaron 1.500 personas. Según periodistas de la AFP, que presenciaron decenas de arrestos, el número de manifestantes alcanzaría los millares, pero resultaba complicado hacer una estimación precisa porque los manifestantes estaban repartidos por varios barrios.
La marcha se produjo en ausencia de los líderes porque prácticamente todos los promotores de las protestas fueron encarcelados desde las manifestaciones del fin de semana pasado.
La gran opositora que aún permanecía en libertad, Liubov Sobol, una abogada de 31 años, fue arrestada unos minutos antes del inicio de la manifestación.
"Las autoridades hacen todo lo que pueden para intentar intimidar a la oposición, para asegurarse de que la gente no sale a la calle a protestar pacíficamente", declaró antes de su detención. En huelga de hambre desde hace tres semanas, se había librado hasta ahora de la cárcel por ser madre de un niño pequeño.
Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional condenó el "uso no necesario y excesivo de la fuerza" y los intentos "infundados" de presentar unas manifestaciones pacíficas como un acto de insurrección.
- Líderes encarcelados -
El principal opositor al Kremlin, el bloguero anticorrupción Alexéi Navalni, cumple desde el 24 de julio una pena de 30 días de prisión. Hospitalizado el domingo por una "grave reacción alérgica", no descartó que hubiera sido "envenenado". Fue reenviado luego a la cárcel.
La mayoría de sus aliados y otros líderes del movimiento también fueron condenados a cortas penas de prisión, como Ilia Yashin, Ivan Jdanov y Dimitri Gudkov, candidatos excluidos de las elecciones locales.
Antes de la protesta del sábado, la justicia inculpó a varias personas por "disturbios masivos", una dura acusación que puede acarrear penas de hasta 15 años de prisión.
Cinco de los inculpados, incluidos abogados que trabajan para oenegés de defensa de los derechos humanos, fueron puestos en detención preventiva el viernes a la espera de sus juicios.
- Elecciones de septiembre -
El descontento se desencadenó a raíz del rechazo de las candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de septiembre, que se presentan difíciles para los aspirantes que apoyan al poder ante el actual contexto social.
Se trata de uno de los mayores movimientos de protesta desde las manifestaciones fuertemente reprimidas contra el regreso de Putin al Kremlin en 2012.
El jueves, el Fondo de la Lucha Contra la Corrupción de Navalni acusó en una investigación a la vicealcaldesa de Moscú, Natalia Sergúnina, de haber desviado miles de millones de rublos de dinero público para la gestión del parque inmobiliario del ayuntamiento.
La oposición asegura que las autoridades quieren bloquear a sus candidatos en las elecciones de septiembre para evitar que, si llegan al Parlamento de Moscú, descubran y denuncien los circuitos de corrupción y desvío en la gestión de una ciudad con un astronómico presupuesto anual de 38.000 millones de euros (42.000 millones de dólares).
La justicia anunció el sábado que abrió una investigación por "blanqueo" de dinero contra el Fondo de Navalni. Los investigadores le acusan de haber recibido ilegalmente casi 1.000 millones de rublos (13,8 millones de euros, 15,3 millones de dólares).
Tras la protesta reprimida hace una semana, los tribunales rusos ordenaron detención preventiva para 88 personas y condenaron a otras 332 al pago de multas. Se abrieron tres investigaciones por "violencia" contra la policía, delito sancionable con cinco años de cárcel.